October 18, 2023
En una nueva publicación, desarrollada por Global Financial Integrity (GFI) y Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional (Vance Center), se analiza el marco legislativo de El Salvador y se evalúan los riesgos de delitos financieros asociados al uso de activos virtuales.
Este informe es publicado en un momento crucial. El 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Dos años después, el país ha promulgado una serie de leyes y regulaciones sobre el uso de activos virtuales, y se prepara para la evaluación mútua del Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT). Esta evaluación califica las medidas tomadas por el país para combatir el lavado de activos y la lucha contra la financiación del terrorismo, a la luz de los estándares internacionales.
En esta importante coyuntura, el reporte: “El ecosistema de activos virtuales en El Salvador: Fortalecimiento de la Integridad y la Transparencia Financiera”, analiza el progreso alcanzado por El Salvador, así como los retos que persisten y deben ser abordados. Mediante un debate equilibrado y técnico, el informe pretende ayudar a El Salvador a aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica y financiera, mitigando simultáneamente los riesgos que puedan surgir.
Tom Cardamone, presidente y CEO de GFI, señala que “la transparencia aumenta la rendición de cuentas. En este momento, se requiere mayor transparencia en el sector de activos virtuales, para asegurar que estos activos no se utilicen con fines nefastos”.
Jaime Chavez Alor, Director de Políticas para América Latina de Vance Center, destaca que “la información, transparencia e integridad son aspectos clave, para generar confianza alrededor del ecosistema de activos virtuales y permitirle a la sociedad tomar decisiones informadas”.
La primera parte del reporte analiza el panorama regulatorio de activos virtuales en El Salvador. El Salvador ha dado un gran paso al acoger la innovación tecnológica, específicamente, en la digitalización del sistema financiero. El país ha establecido un marco regulatorio que abarca la Ley Bitcoin, la Ley de Emisión de Activos Digitales y la Ley de Fomento a la Innovación y la Manufactura de Tecnologías. Estas leyes apuntan a proveer un entorno favorable, tanto a los individuos como a los negocios que participan en transacciones con activos virtuales, al tiempo que se fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica del tema y, a los esfuerzos en curso para normalizar estos marcos a escala internacional, el informe identifica áreas adicionales que aún requieren regulación.
La segunda parte del reporte analiza los activos virtuales, en El Salvador, desde una perspectiva Antilavado de Dinero (ALD) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT). El informe aborda estas cuestiones utilizando las orientaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que afirma que “la piedra angular (…) es el enfoque basado en el riesgo, que hace hincapié en la necesidad de que los países identifiquen y comprendan los riesgos de blanqueo de capitales (LA) y financiación del terrorismo (FT) a los que están expuestos”. La comprensión de los riesgos permite a países como El Salvador adoptar medidas paliativas y para distribuir eficazmente sus recursos limitados.
Respecto al uso de activos financieros, el informe analiza los riesgos de delitos financieros subyacentes más comunes al lavado de dinero, en El Salvador, considerando el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el tráfico de migrantes, y el peculado. El informe también evalúa los riesgos de delitos financieros relacionados con características operativas específicas o desarrollos dentro del ecosistema de activos virtuales de El Salvador.
El reporte concluye con recomendaciones de política pública que pueden contribuir a que El Salvador maximice los beneficios y minimice los riesgos asociados a la innovación financiera. Las principales recomendaciones incluyen:
- Las autoridades de El Salvador deben adoptar urgentemente reformas que fortalezcan el ALD/CFT y garanticen una supervisión sólida de los AV. Estas reformas son particularmente importantes a la luz de la próxima Evaluación Mútua de El Salvador.
- El Gobierno de El Salvador, y específicamente el BCR y la CNAD, deben interactuar con la comunidad legal y empresarial para el desarrollo de regulaciones y estándares técnicos.
- Todas las agencias gubernamentales relevantes deben garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, incluyendo la implementación de políticas de gobierno abierto para garantizar el acceso a la información sobre procesos contractuales y operativos, investigaciones de fraude y mala gestión, y el uso de fondos públicos, según las leyes nacionales y los estándares internacionales.
- El BCR debería incorporar a la Balanza de Pagos información sobre las inversiones y los activos del Estado en Bitcoins.
- La SSF, la UIF y otros organismos gubernamentales pertinentes deben actualizar las directrices para Chivo Wallet en relación con el uso del Chivo Wallet por personas jurídicas.Además, Chivo Wallet debe recopilar información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas que lo utilizan.
- Los organismos gubernamentales deberían aumentar la supervisión de los cajeros automáticos de activos virtuales, especialmente los que operan en jurisdicciones de alto riesgo, como barrios controlados por pandillas o a lo largo de rutas de contrabando o tráfico.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de El Salvador y otras autoridades gubernamentales deben proporcionar oportunidades de educación y capacitación al sector financiero y otras entidades obligadas con respecto a la identificación de indicadores de bandera roja en cripto transacciones. Esto ayudará a asegurar que los reportes de transacciones sospechosas contengan información relevante y reflejen una comprensión informada de los riesgos.
SOBRE GFI: Global Financial Integrity es un centro de pensamiento con sede en Washington, D.C., que elabora análisis de alto nivel sobre flujos financieros ilícitos, asesora a gobiernos de países en desarrollo sobre soluciones políticas eficaces y promueve medidas pragmáticas de transparencia en el sistema financiero para fomentar el desarrollo y la seguridad mundiales.
ACERCA DE VANCE CENTER: El Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York promueve la justicia global mediante la participación de abogados de todo el mundo en apoyo de la sociedad civil y de una profesión jurídica éticamente activa. El Centro Vance es una alianza única de abogados internacionales que cataliza la innovación de interés público y reúne a los principales despachos de abogados y otros socios de todo el mundo para ser pioneros en iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal sin fines de lucro a las ONG de justicia social.
CONTACTO:
Katherin Alfonso
kalfonso@gfintegrity.org
Natalie Southwick
nsouthwick@nycbar.org
@VanceCenter