El 7 de septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Dos años después, el país ha experimentado cambios y crecimiento tecnológico, se ha enfrentado a retos operativos y regulatorios, y ha aprendido una tremenda cantidad a lo largo del proceso.
Este informe analiza los activos virtuales (AV) en El Salvador, primero desde una perspectiva legal y regulatoria, y segundo desde una perspectiva de anti- lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). El informe establece el avance alcanzado por El Salvador, así como los retos pendientes que deben abordarse. Mediante un análisis equilibrado y técnico en estos temas, el informe pretende ayudar a El Salvador a aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica y financiera, mitigando al mismo tiempo los riesgos que puedan surgir.
La primera mitad del informe analiza el panorama regulatorio actual en El Salvador en relación con el Bitcoin y los AV. El Salvador ha dado un gran salto en la adopción de la innovación tecnológica, específicamente en la digitalización del sistema financiero, a través de la adopción del bitcoin, las criptomonedas y los activos digitales. El país ha establecido un marco normativo que comprende la Ley Bitcoin, la Ley de Emisión de Activos Digitales y la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías. Estas leyes tienen como objetivo proporcionar un entorno de apoyo para las personas y empresas que participen en transacciones con monedas digitales, mientras fomentan la innovación y la fabricación de tecnología dentro de la nación. Como resultado, El Salvador está preparado para convertirse en uno de los principales promotores de las tecnologías emergentes en varios sectores de su economía. Debido a la naturaleza dinámica de la materia y los esfuerzos en curso para estandarizar estos marcos a nivel internacional, el informe identifica áreas adicionales que aún pueden requerir regulaciones.
La segunda mitad del informe analiza los AV en El Salvador desde una perspectiva ALD/CFT. El informe aborda estos temas desde la perspectiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece que “la piedra angular (…) es el enfoque basado en riesgos que enfatiza la necesidad de que los países identifiquen y comprendan los riesgos relacionados con el lavado de dinero (LD) y financiamiento del terrorismo (FT) a los que están expuestos”. Comprender los riesgos permite a países como El Salvador adoptar medidas paliativas y desplegar eficazmente los recursos limitados.
En este sentido, el informe analiza los riesgos de la delincuencia financiera en los delitos subyacentes más comunes de LD en El Salvador, considerando el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes y la malversación de fondos públicos (peculado). El informe también evalúa los riesgos de la delincuencia financiera que se relacionan con ciertas características operativas o desarrollos dentro del ecosistema de AV de El Salvador.
El informe concluye con recomendaciones de políticas regulatorias que pueden ayudar a El Salvador a maximizar los beneficios y minimizar los riesgos asociados con la innovación financiera. Entre las principales recomendaciones figuran:
- Los legisladores de El Salvador deben adoptar urgentemente reformas que fortalezcan la ALD/ CFT y garanticen una supervisión sólida de los AV. Estas reformas son particularmente importantes a la luz de la próxima Evaluación Mutua de El Salvador.
- El Gobierno de El Salvador, y específicamente el Banco Central de Reserva (BCR) y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), deben comprometerse con la comunidad jurídica y empresarial en el desarrollo de regulaciones y estándares técnicos de acuerdo con las necesidades y prácticas para la Ley Bitcoin y la Ley de Emisión de Activos Digitales, siguiendo las mejores prácticas internacionales.
- Los abogados y bufetes de abogados que asesoran a empresas que desean operar en El Salvador deben mejorar los mecanismos de cumplimiento para verificar los antecedentes de los clientes a fin de evitar el ingreso de actores criminales en el sistema financiero nacional.
- Todos los organismos gubernamentales pertinentes deben garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, incluidos los procesos contractuales y operativos, las investigaciones sobre fraude y mala gestión, y el uso de fondos públicos, de acuerdo con la legislación nacional y las normas internacionales.
- Que el BCR incorpore información sobre las compras de Bitcoin del Gobierno en la Balanza de Pagos y otros documentos similares.
- La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) debe requerir que Chivo Wallet recopile información de personas jurídicas que abren cuentas Chivo Wallet, procedimiento que debe alinearse con los requisitos para las personas jurídicas que abren otros tipos de cuentas financieras. Además, Chivo Wallet debe mantener información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas que la utiliza, en concordancia con la guía interpretativa de la Recomendación 15 del GAFI y de manera similar, a los requisitos para las instituciones financieras.
- Considerando que las instituciones financieras y otras entidades obligadas presentan reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionadas con transacciones en cripto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de El Salvador y otras autoridades gubernamentales deberían proporcionar oportunidades de educación y capacitación al sector financiero y otras entidades obligadas con respecto a la identificación de indicadores de alerta en transacciones con cripto. Esto ayudará a asegurar que los ROS contengan información relevante y reflejen un entendimiento informado de los riesgos.