Colombia ¿cómo avanza la implementación de un enfoque de beneficiarios finales?
By Katherin Alfonso, September 9, 2021
Dos diferentes proyectos de ley que están siendo debatidos en el Congreso de la República de Colombia, aumentarían las posibilidades del país de crear un registro único de beneficiarios finales.
En octubre de 2020 la Vicepresidencia de la República de Colombia, junto con la Secretaría de Transparencia, y más de 25 entidades del Estado, presentaron al Congreso de la República el Proyecto de Ley Anticorrupción (341) con el cual se define la creación de un Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB). Un avance sin precedentes para el país, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
El “beneficiario final” es la persona o las personas que realmente controlan y se benefician económicamente de una empresa. Cuando la información sobre beneficiarios finales no se encuentra disponible o no es correcta, se “abre la puerta” a que las empresas puedan ser utilizadas como vehículos para actividades ilícitas o flujos financieros ilícitos.
El proyecto que actualmente surte trámite en el Senado de la República, y espera ponencia para su segundo debate en plenaria, al haber sido aprobado por la Comisión Primera, ha sufrido diferentes modificaciones desde el primer radicado, sobre todo alrededor de temas clave para la protección de quienes denuncian los hechos de corrupción, entre otros asuntos. Sin embargo, ha mantenido la esencia del primer articulado en cuanto a la implementación del Registro de Beneficiarios Finales.
Algunas organizaciones han publicado análisis al proyecto, promoviendo una reglamentación real, que permita identificar a los dueños reales de las empresas, así como evitar que a través de vacíos se genere opacidad en el manejo de sociedades fiduciarias, fideicomisos o sociedades anónimas.
Para sorpresa de muchos, en el marco de la nueva reforma tributaria, se incluye dentro del apartado contra la evasión de impuestos, un capítulo sobre beneficiarios finales en el que se mantiene el concepto incluido en el Proyecto de Ley 341, y algunas disposiciones generales de aplicación igualmente contenidas en el proyecto.
La nueva reforma tributaria, propuesta por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se presenta como un proyecto consensuado con los diferentes sectores económicos y se percibe menos regresiva en materia impositiva para la clase media del país. Recordemos que, debido a este carácter, la primera propuesta de reforma tributaria para solventar la crisis financiera del país generó importantes levantamientos sociales que derivaron en diferentes violaciones a DD.HH., muertos, incremento de casos COVID y pérdidas económicas, así como la salida del anterior ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Esta nueva reforma esperaba recaudar $15,2 billones de pesos, de los cuales aproximadamente $2,7 billones serían fruto de la lucha contra la evasión fiscal. Por lo que en su articulado se hace énfasis en la necesidad de fortalecer el sistema de recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En este sentido, el Proyecto de Ley implementaría un Registro Único de Beneficiarios Finales, que revelaría las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas. Un aspecto muy relevante para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, así como la justicia tributaria, derivada de la transparencia al momento de tributar.
Ciertos analistas afirman que la reforma no sería suficiente para cubrir el déficit fiscal de la Nación y que no aborda problemas estructurales del sistema tributario. Por ello, no es sorpresa el gran número de propuestas de modificación que ha recibido: más de 344 enviadas al Congreso por parte de los senadores y representantes colombianos.
El Gobierno entonces ha radicado un nuevo articulado que pasará a ponencia en los próximos días. Al conocer el documento, celebramos que se haya mantenido el registro de beneficiarios finales como una de las medidas clave para evitar la evasión fiscal y fortalecer la lucha contra la corrupción. De igual manera, que se promuevan algunas disposiciones para aumentar el recaudo y diferenciar los aportes fiscales del sector privado, protegiendo a los pequeños y medianos empresarios: uno de los puntos más polémicos de la propuesta de reforma del ministro Restrepo.
Esperamos que a través de la reforma tributaria o del proyecto de Ley anticorrupción Colombia puede seguir fortaleciendo los procesos de seguimiento y control de la DIAN a las empresas. Unificar el concepto de beneficiarios finales e implementar su registro, es uno de los factores clave para la transparencia, desarrollo económico y justicia tributaria del país.
Sin embargo, aún quedan muchas preguntas… ¿Qué información deben presentar las sociedades jurídicas al momento de registrarse? ¿Cómo evitar la opacidad y promover la transparencia con fiduciarias o sociedades anónimas, que pueden ampararse en representantes legales o apoderados al momento del registro? ¿Quiénes o qué entidades manejarán la información? ¿Tendrá acceso la banca y las organizaciones financieras como parte de las estrategias antilavado de dinero?
Seguramente estas y otras preguntas serán resultas una vez empiece el nuevo debate legislativo, alrededor de la reforma, y cuando se apruebe la implementación del registro. Seguiremos atentos a este debate y a las recomendaciones que se puedan hacer frente a las lecciones aprendidas de otros países en materia de identificación de beneficiarios finales.