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Análisis del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia

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Una perspectiva a la luz de la lucha contra los flujos financieros ilícitos y los delitos medioambientales

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es uno de los proyectos de ley más importantes en Colombia, dado que plasma toda la estrategia nacional de Gobierno a ser ejecutada durante los cuatro años del período presidencial. Este es un documento enmarcado en la Constitución Política del país, así como en la Ley 152 de 1994, que es redactado por el gobierno nacional, en cabeza de su Departamento Nacional de Planeación (DNP), y posteriormente comentado y aprobado por el Congreso de la República, agremiaciones y sociedad civil. 

El PND “Colombia, potencia mundial de la vida” como ha sido bautizado por el Gobierno actual, reúne las principales líneas estratégicas del Plan de Gobierno Petro-Márquez, y en esta oportunidad contó con la participación de miles de personas a nivel nacional, quienes a través de los Diálogos Regionales Vinculantes aportaron sus ideas y propuestas para el desarrollo nacional y regional del país. 

El documento que será aprobado por el Congreso de la República en pleno hacia finales de mayo, después de haber sido debatido en las Comisiones Terceras y Cuartas, de Senado y Cámara, será implementado por las diferentes entidades gubernamentales durante todo el periodo presidencial. 

El PND está compuesto por un documento programático base, el Plan Plurianual de Inversiones, y un articulado que propone diferentes modificaciones de ley. Por lo tanto, es de gran relevancia para continuar consolidando el trabajo que viene haciendo el país en materia de lucha contra las drogas, los crímenes financieros y ambientales, así como la lucha contra la corrupción: una de las más sonadas “banderas” con la que se hizo elegir el Presidente Petro. 

Es por esto que desde Global Financial Integrity (GFI) analizamos las principales propuestas en materia de lucha contra los flujos financieros ilícitos y los delitos ambientales que contiene el PND.

Un plan orientado a la protección del medio ambiente y la transición energética

No sorprende que el documento de las bases del PND se encuentre enfocado especialmente en el ordenamiento territorial alrededor de recursos básicos como el agua, así como a la protección del medio ambiente y la convergencia regional en favor de la transición energética. Esta fue una de las propuestas con las que el Gobierno actual se posicionó en el poder, así que se esperaba una gran apuesta programática en este sentido. 

Sin embargo, los esfuerzos en la lucha contra la deforestación ilegal se presentan muy conservadores. Se plantea como meta de reducción de la deforestación, tan solo 20%, algo que dista mucho de las metas definidas por la Ley de Acción Climática. Este delito ambiental, está intrínsecamente ligado a la apuesta por la Paz Total, por lo que debería evidenciarse una mayor prioridad del Gobierno en la lucha efectiva contra el mismo. 

Puntualmente, la estrategia contra la deforestación ilegal, plantea seguir trabajando en modelos de gobernanza y conservación de los ecosistemas más vulnerables a este flagelo de la mano de las comunidades que los habitan, dando más fuerza a Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC), y ampliando la gestión de conservación efectiva de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Asimismo, y gracias a los esfuerzos de incidencia en el PND por parte de la sociedad civil, se logró incluir una mención a la desarticulación de las estructuras criminales relacionadas con la deforestación ilegal. Aunque sin mayor desarrollo, ni una estrategia clara o definida, en metas presupuestales.

De esta forma el PND no hace menciones específicas al rol de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) en la búsqueda de quiénes realmente están detrás de la deforestación ilegal, y otros crímenes ambientales. Entendiendo que muchas veces estos delitos van acompañados por el movimiento de flujos financieros ilícitos, a través de crímenes financieros como el lavado de dinero, la corrupción, el comercio ilegal, la facturación fraudulenta, entre otros. 

El Gobierno propone entonces, como iniciativa para coordinar la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales, la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, integrado por los más altos directivos de los diferentes ministerios a nivel nacional, para movilizar acciones conjuntas en favor de la restauración y conservación de las áreas protegidas, así como la disminución de las actividades que motivan la deforestación. 

Sin embargo, no se incluye dentro de las instituciones participantes a la UIAF, ni a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estas entidades son extremadamente relevantes para el seguimiento a los crímenes ambientales, dado que la investigación debería trascender a los autores materiales de la tala ilegal en los territorios, buscando las personas naturales detrás de la deforestación, así como el fortalecimiento de los controles y permisos de movilización y exportación de la madera en aduanas. Hemos podido evidenciar, en diferentes casos, que las personas jurídicas son muy utilizadas para cometer estos delitos, especialmente en las fases de exportación y comercialización, así como el uso de testaferros para lavar dinero a través de actividades que motivan la deforestación, como es el caso de la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. 

De la misma forma, no tienen asiento en este espacio las comunidades que habitan en los territorios en riesgo de deforestación ilegal, algo que sería prioritario para la definición de estrategias de control que cuenten con la participación de las comunidades, quienes muchas veces son víctimas de criminales, que ni siquiera habitan en estas zonas.

Beneficiarios finales ¿prioridad para el PND?

Sería clave entonces, promover el uso de la información contenida en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para estos fines, pero a esta solo tienen acceso siete entidades del nivel nacional, enfocadas principalmente en inspección, control y judicialización. De hecho, ninguna de las entidades con silla en este nuevo Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, tendría acceso a estos datos. Por esto la importancia de permitirle a entidades como la UIAF o la DIAN, quienes están a cargo del RUB, hacer parte de este comité. 

Actualmente la DIAN es la entidad encargada de administrar el RUB y motivar el diligenciamiento de la información de los beneficiarios finales por parte de los sujetos obligados a declarar.  Sin embargo,  es tarea de otras entidades como la UIAF, entre otras, hacer el debido seguimiento y control, así como analizar la información que allí se contiene con fines de prevención de diferentes delitos, como la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, entre otros.

El PND no hace referencia al RUB. Incluso, no plantea el fortalecimiento de una política anticorrupción desde esa perspectiva. Es por esto, que el Congreso debería apostar por un PND que contemple el fortalecimiento del RUB y que, incluso, amplíe las entidades que podrán tener acceso a la información que allí se contiene. Esto puede mencionarse explícitamente en el artículo que menciona la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, fortaleciendo el rol de la UIAF  y la DIAN, y definiendo líneas claras de articulación a nivel transnacional con otras entidades a cargo del seguimiento a estos delitos. La deforestación ilegal, así como muchos otros crímenes ambientales, es una problemática que afecta diversas jurisdicciones, por lo tanto las soluciones deben ser de carácter transnacional. 

Pagos por servicios ambientales y mercado de carbono ¿relación con Flujos Financieros Ilícitos?

Colombia ratificó a través del Acuerdo de París una meta ambiciosa de reducción de sus emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI). El país debe disminuirlas a 2030 en un 51%. Es por esto que se han venido desarrollando toda serie de acciones para contribuir a la mitigación, no solo desde el sector público, sino desde el sector privado. 

Una de estas alternativas es la compra de bonos de carbono por parte de particulares (especialmente empresas) que pueden utilizarlos para compensar las emisiones que derivan del ejercicio de sus actividades, o con el fin de obtener algunos beneficios tributarios. Estos bonos se traducen en el apoyo económico, por parte de las empresas interesadas, a quienes conservan zonas con alta presencia de bosques, o ecosistemas que capturan el carbono. Usualmente comunidades indígenas, afrocolombianas o raizales que tradicionalmente han habitado estos territorios.

Una de las grandes apuestas de este Gobierno, reflejada en el PND, es la creación de un Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero. En este, el Gobierno podría regular la compra y venta de estos bonos de carbono. Una decisión importante, de cara a los más recientes casos de corrupción relacionados con la distribución de los recursos obtenidos por la venta de estos bonos en algunas comunidades, así como irregularidades en el pago y dimensión de los aportes.

Este sin duda será un tema en el que conocer los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica será fundamental para prevenir mayores casos de corrupción. Sin embargo, de acuerdo con algunos analistas y expertos, esta no sería una medida efectiva para la conservación de los territorios, y deja por fuera la identificación de posibles flujos financieros ilícitos asociados a la actividad económica o recursos con los que se adquieren estos bonos. Recordemos que con un contexto de opacidad y ausencia de políticas de transparencia claras, las empresas pueden ser usadas para cometer diferentes delitos, relacionados con flujos financieros ilícitos. Quedará mucho por ver cuando se terminen los debates del PND en el Congreso y se pueda leer la estrategia final del Gobierno en materia de transparencia, lucha contra los delitos ambientales y consecución de la Paz Total.