En colaboración con Cedetrabajo y Alianza por la Minería Responsable (ARM), Global Financial Integrity (GFI) presenta su último informe “Hacia una minería de oro transparente en Colombia.” Este informe analiza la prácticas de la minería de oro en Colombia y sus efectos sobre las comunidades mineras artesanales, el medio ambiente y el comercio.
En 2019, Colombia exportó más de 52 toneladas de oro con un valor estimado de USD 1750 millones a socios comerciales en todo el mundo. El oro representa un recurso importante para el país, así como un sustento económico para muchas personas.
No obstante, este sector ha estado plagado de diversos problemas. Para empezar, hay atributos que hacen del oro un metal vulnerable ante la explotación ilícita, el tráfico y el lavado. No solo
es tremendamente valioso, sino que es fácil de transportar y, en gran medida, difícil de rastrear. A diferencia de los narcóticos, este metal no es intrínsecamente ilícito y resulta complicado diferenciar entre oro de origen legal e ilegal. Además, los requisitos de ley para su transporte son menos estrictos que los del dinero en efectivo, por lo que es relativamente fácil cruzar fronteras internacionales con él. Todo ello representa aspectos atractivos para grupos criminales colombianos que buscan maximizar sus ingresos, trasladar estas ganancias de una jurisdicción a otra y minimizar el riesgo de ser atrapados. En este sentido, un expresidente de Colombia advirtió que, en la actualidad, la minería ilegal aporta más dinero a los grupos criminales, la guerrilla y las mafias que el narcotráfico.
Independientemente de la técnica minera, si es bateo (lavado) de oro en arroyos o extracción de vetas en las rocas, surgen varios inconvenientes dentro del sector. Muchos han señalado la relevancia del papel que juega la explotación de oro de aluvión, es decir, la que se efectúa en el lecho de los ríos (comúnmente llamada EVOA), 70% de la cual se realiza sin ninguna autorización legal. Sin embargo, sugerir que la minería de oro de aluvión (que involucra a mineros artesanales de áreas rurales pobres) es responsable de las complicaciones que atraviesa el sector, sería simplista e inexacto. Ante esta situación, el experto en oro, Miguel Ángel Molino, indica que la legalidad debe analizarse en dos espectros: primero, la explotación que marcha de lo legal a lo ilegal; y segundo, la comercialización, que también se mueve entre lo legal y lo ilegal.
Considerando todo lo anterior, Global Financial Integrity (GFI) ha rastreado las vulnerabilidades del sector minero del oro en Colombia a lo largo de su cadena de suministro: iniciando con
su extracción, pasando por su comercialización y terminando con su exportación a mercados internacionales. Para este informe, GFI se asoció con organizaciones colombianas expertas, con el fin de explorar el impacto de estas vulnerabilidades para el ambiente, el comercio y las comunidades mineras artesanales. La participación de estas instituciones asegura que se tengan en cuenta una variedad de perspectivas, tanto para examinar el problema, como para plantear soluciones políticas.
Este informe se compone de dos grandes capítulos. El primero, analiza el contexto colombiano y explora el por qué la minería de oro, con su larga historia, ha sido blanco reciente de grupos criminales. Luego, presenta un análisis con datos ambientales de diferentes fuentes que mapea sitios mineros y su relación con ecosistemas y especies en peligro de extinción. Y, en tercer lugar, se muestra un análisis de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) sobre los desafíos que enfrentan las comunidades mineras locales.
En el segundo capítulo, se analiza el comercio internacional. Empieza con un análisis por el Centro de Estudios de Trabajo (Cedetrabajo) sobre la facturación comercial fraudulenta dentro de las exportaciones de oro de Colombia. Seguidamente, se presenta un análisis de Global Financial Integrity (GFI) realizado con base en datos comerciales y factores de riesgo de transacciones ilícitas. Para finalizar, el informe concluye con una discusión sobre los esfuerzos ejecutados por las instituciones colombianas en cuanto a la aplicación de la ley para abordar el problema y cómo podrían robustecerse a través de estrategias de transparencia financiera.