July 7, 2025
Global Financial Integrity (GFI) ha publicado un nuevo informe titulado “Registros de Beneficiarios Finales en América Latina y el Caribe: Estado Actual, Retos y Perspectivas”, que ofrece un mapeo legal sobre los marcos normativos de registros de beneficiarios finales (BF) en la región LAC .
El informe se elaboró entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, combinando análisis legal, revisión de bases de datos oficiales y entrevistas en Belice y Colombia con autoridades nacionales, legisladores y actores del sector privado. Se centró exclusivamente en leyes vigentes sobre registros de BF, evaluando 38 países y jurisdicciones —incluidos los Territorios Británicos de Ultramar (TBU)— y excluyendo territorios neerlandeses, estadounidenses y Venezuela.
Entre los principales hallazgos, el informe revela que de las 22 jurisdicciones caribeñas evaluadas, incluidos los TBU, 15 cuentan con registros privados, cuatro no han establecido ningún registro, y tres ofrecen acceso parcial basado en legítimo interés.
En México y Centroamérica, tres de las siete jurisdicciones analizadas han implementado registros de BF, mientras que las otras cuatro aún no lo han hecho. En Suramérica, todos los países evaluados —excepto Bolivia— han establecido registros, con Argentina, Uruguay y Colombia destacándose por sus marcos normativos avanzados. En cuanto a los umbrales, la mayoría de los países del Caribe y Centroamérica utilizan un 25 % de propiedad o control para definir beneficiarios finales. Mientras que en Suramérica, el promedio regional se sitúa en el 10 %, reflejando un enfoque más riguroso hacia la transparencia.
Además del análisis legal regional, el informe presenta dos estudios de caso —Belice y Colombia— donde se muestran cómo la voluntad política, el diseño institucional y las estrategias de supervisión influyen en la trayectoria de las reformas, así como en la accesibilidad, precisión y utilidad de la información recopilada en los registros de BF.
El informe contempla únicamente el “enfoque de registro”, centrado en países que han promulgado leyes para establecer registros centralizados y legalmente vinculantes de BF. Se excluyen del análisis aquellas jurisdicciones que han utilizado otras metodologías como el “enfoque corporativo” y registros fiscales, conocidas como el “enfoque corporativo”. El estudio subraya el papel fundamental de los marcos legales nacionales para fortalecer la supervisión, combatir los flujos financieros ilícitos y fomentar la confianza y la rendición de cuentas, independientemente del nivel de acceso a los datos.
El informe concluye que, a pesar de los avances legislativos, los registros de BF en LAC enfrentan importantes brechas de implementación, especialmente en relación con la verificación de datos, el acceso a la información y su integración con los sistemas de contratación pública. Estas debilidades limitan su efectividad para combatir la corrupción y los delitos financieros. El informe hace un llamado a fortalecer la supervisión, ampliar la regulación y promover reformas adaptadas a los riesgos específicos de cada país para que los esfuerzos de transparencia sean realmente efectivos.
El informe recomienda reforzar los sistemas de verificación de datos, ampliar el alcance de las entidades obligadas a reportar —incluyendo fideicomisos y empresas extranjeras— y adoptar modelos de acceso diferenciado que equilibren la transparencia con la protección de la privacidad. También insta a los gobiernos a vincular los registros de BF con las plataformas de contratación pública, aprovechar esta información en investigaciones ambientales y de derechos humanos, y fomentar la cooperación regional mediante estándares compartidos e intercambio de datos. Finalmente, se destaca la necesidad de invertir en infraestructura técnica y capacitación para garantizar que los registros sean seguros, interoperables y utilizados de manera efectiva por las autoridades y la sociedad civil.
Contacto: Luisa Acosta, Asistente de Programa – lacosta@gfintegrity.org