Actividad ilícita en el sector maderero de Chile
By Buse Egin, May 10, 2023
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la tala ilegal ha sido un problema importante en Chile durante varias décadas, causando una variedad de problemas ambientales, sociales y económicos. Según el Banco Mundial, la tala ilegal en los bosques nativos de Chile destruyó 11.368 hectáreas de tierra entre 2013 y 2019; y generó 1,2 millones de m3 de madera extraída ilegalmente, lo que provocó deforestación, pérdida de biodiversidad, degradación ambiental y aumento de la violencia. Las regiones del sur del país, como La Araucanía y Biobío, se encuentran entre las más afectadas por las actividades de tala ilegal. En mayo de 2022, el gobierno declaró estado de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío dentro de la región del Biobío.
Chile es un importante exportador de productos madereros, donde los productos forestales representaron el 6,3 % de las exportaciones totales del país en 2021. Según un informe reciente del Instituto Forestal, las exportaciones forestales han aumentado con el tiempo, alcanzando un pico del 9,1 % de las exportaciones totales en 2018 que luego disminuyen. Se estima que el 99 % de los productos forestales provienen de plantaciones forestales de pino radiata y eucalipto, ya que existen restricciones sobre el uso de madera de bosques nativos. En 2020, la industria forestal representó el 2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 1,5 % de la fuerza laboral del país, según el Banco Mundial.
Este artículo abordará las actividades ilícitas en el sector maderero de Chile e identificará los riesgos financieros asociados. En última instancia, el artículo discutirá las medidas regulatorias actuales para combatir los flujos financieros ilícitos (IFF) derivados de delitos ambientales.
Tendencias de actividades ilícitas en el sector maderero y facilitadores de delitos financieros
Las actividades ilícitas asociadas a la industria maderera chilena han ido en aumento exponencial. Estos incluyen la tala ilegal y la deforestación, como se comentó anteriormente, pero también problemas como el robo de madera por parte de mafias criminales. De hecho, el robo de madera se está convirtiendo en una importante actividad delictiva en Chile. El valor aumentó de un estimado de US$20 millones en 2018 a US$45,2 millones en 2019 y US$67,8 millones en 2020, según La Tercera.
El conflicto entre la comunidad indígena Mapuche y el gobierno se ha visto exacerbado por problemas en el sector maderero. A partir de la década de 1990, cuando la industria forestal creció tanto legal como ilegalmente en las tierras ancestrales de los Mapuches, la tala de árboles generó problemas ambientales y desigualdad social. En protesta, miembros armados de la comunidad han atacado negocios legítimos, bloquearon carreteras, robaron y destruyeron maquinaria e incluso quemaron bosques.
Existen varias razones detrás del surgimiento de estructuras criminales complejas en el sector de la madera. AthenaLab, un tanque de pensamiento chileno, señala que los principales impulsores de la tala ilegal son la debilidad institucional, ausencia del Estado, conflicto, vulnerabilidad social, infraestructura y un sistema financiero que facilita el lavado de ganancias ilícitas.
En un escenario caracterizado por el conflicto y la ausencia del Estado, las mafias madereras invaden propiedades privadas, roban madera legal de aserraderos autorizados, fabrican documentación para mover su producto ilícito y, en ocasiones, recurren a la violencia y atacan camiones madereros. El modus operandi más común de los grupos criminales incluye la creación de facturas falsas para lavar madera ilegal dentro de estructuras financieras legítimas en los inicios de la cadena de suministro. Por supuesto, esto puede también dar lugar a delitos más adelante en la cadena, incluida la facturación comercial fraudulenta, la cualimplica la falsificación deliberada de la cantidad, precio, calidad u origen de un producto.
Una investigación reciente del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) reveló que la madera robada de dos empresas madereras fue lavada a través de facturas falsas y reingresó al mercado formal a través de empresas certificadas con cadena de custodia FSC (Forest Stewardship Council). La investigación encontró que la documentación había sido falsificada y que la trazabilidad de la madera no era válida. Una empresa japonesa fue identificada como beneficiaria de las cadenas de compra y venta de madera de origen adulterado, pero sus certificaciones FSC no se vieron afectadas.
El marco institucional existente en Chile ha permitido el crecimiento de una economía criminal organizada basada en el robo de madera. Además, la supervisión inadecuada por parte de instituciones estatales como el SII y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la fiscalización de las empresas madereras, particularmente en lo que respecta al uso adecuado de los documentos y facturas de envío y el uso sostenible de las tierras forestales, ha sido un factor importante.
Recomendaciones para combatir los delitos en el sector maderero
Abordar la actividad ilegal en el sector maderero requiere un enfoque integral que involucre esfuerzos entre agencias gubernamentales como CONAF, SII, la aduana chilena y el sector privado. Las actividades ilícitas comienzan en las primeras etapas de la cadena de suministro en el contexto de Chile: La mezcla de madera robada o producida ilegalmente en aserraderos o productos intermedios legítimos se identifica como la forma más común de que se produzcan delitos. Teniendo esto en cuenta, esta sección analiza las estrategias para combatir la actividad ilícita en la cadena de suministro de madera a partir de las mejores prácticas internacionales.
Una guía reciente del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) arroja luz sobre cómo combatir el lavado de dinero proveniente de delitos ambientales como la tala ilegal. Destaca la necesidad de una coordinación más efectiva entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las de protección ambiental, además de una mayor transparencia de los requisitos de los beneficiarios finales. Las autoridades chilenas y las instituciones financieras deben asegurarse de estar utilizando los indicadores de riesgo del GAFI para delitos ambientales. Estos incluyen transacciones inusuales en áreas madereras, actividades bancarias anómalas de empresas que operan en la cadena de suministro, actividades sospechosas de intermediarios, como instalaciones de procesamiento de madera y aserraderos, y declaraciones falsas o documentos dudosos de envío y de aduanas.
El Banco Mundial enfatiza la mejora de la eficiencia de la justicia penal en la lucha contra la tala ilegal y menciona la aplicación de los requisitos antilavado de dinero (ALD) y de debida diligencia, asegurando políticas sólidas de conocimiento de su cliente (KYC) en las transacciones relacionadas con la tala. Las partes interesadas internacionales deben seguir la “Plantilla de orientación sobre la legalidad de la madera” de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para realizar operaciones más seguras y transparentes en Chile.
Otras iniciativas para la legalidad de la madera provienen del propio sector. En 2021, los sindicatos madereros más grandes de Chile formaron “Buena Madera, confiable desde su origen” para compartir información sobre el origen de la madera y establecer un sistema para rastrear la madera ilegal.
En línea similar con los estándares internacionales, el informe de AthenaLab sugiere combatir la madera ilegal con estrategias financieras como fortalecer el Estado y sus instituciones, brindar a cada agencia la capacitación y los recursos necesarios, aumentar la coordinación, crear un análisis financiero que sea capaz de rastrear los flujos ilícitos, y por último, establecer un sistema de trazabilidad del origen de la madera.
En conclusión, la tala ilegal y otros delitos madereros se han incrementado significativamente en Chile debido a diversos factores. Se necesita una estrategia integral y multifacética que involucre a los sectores público y privado para abordar el problema de manera efectiva. Teóricamente, los marcos y esfuerzos locales en Chile son consistentes con los marcos internacionales disponibles. Sin embargo, en la práctica, todavía existen brechas significativas que deben abordarse. Chile debe mejorar las capacidades de sus instituciones y mostrar una voluntad política más fuerte para hacer cumplir las regulaciones existentes.