Global Financial Integrity (GFI) presenta un análisis regional detallado sobre el estado actual de los registros de beneficiarios finales (BF) en América Latina y el Caribe. Este informe examina los marcos legales e institucionales en 38 países y jurisdicciones, identifica brechas clave en la implementación y ofrece recomendaciones concretas para fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en la región.
El informe incluye estudios de caso sobre Belice y Colombia, dos países donde GFI brinda asistencia técnica directa para apoyar el desarrollo e implementación de registros de BF. Estos estudios ofrecen una visión práctica de las oportunidades y desafíos que enfrentan los gobiernos al traducir los mandatos legales en sistemas operativos.
Además del análisis normativo, el informe evalúa en qué medida los países han implementado mecanismos de verificación de datos, acceso público a la información y sanciones por incumplimiento. También explora el potencial de integrar los registros de BF en los sistemas de contratación pública, lo que podría mejorar significativamente la transparencia en la contratación estatal y reducir el riesgo de conflictos de interés.
Finalmente, el informe analiza cómo la transparencia sobre beneficiarios finales puede contribuir a objetivos de interés público más amplios. Al esclarecer quién controla realmente las empresas y activos, los registros de BF pueden apoyar los esfuerzos para prevenir delitos ambientales, la trata de personas y el uso indebido de fondos públicos. El análisis destaca la importancia de integrar esta información en los sistemas de supervisión y control, de modo que no solo se recopile, sino que se utilice activamente para detectar y disuadir actividades ilícitas.
GFI concluye el informe con una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a gobiernos, organismos reguladores y sociedad civil. Estas incluyen el fortalecimiento de los mandatos legales para registros centralizados, la interoperabilidad con plataformas de contratación y lucha contra la corrupción, la ampliación de la cobertura a fideicomisos y entidades extranjeras, y el establecimiento de protocolos claros de verificación y sanciones. El informe también hace un llamado a una mayor cooperación regional y estandarización de datos para promover la transparencia y la rendición de cuentas transfronteriza.