¿Qué tienen en común el gobierno iraní, un joyero internacional fugitivo y un entrenador de esgrima de la Universidad de Harvard desacreditado? Todos ellos han utilizado bienes inmuebles en los EE.UU. para lavar sus ganancias ilícitas. En el informe Lavado de activos a montones: la razón por la cual el sector inmobiliario en los Estados Unidos es el sueño de todo cleptócrata, la empresa Global Financial Integrity (GFI) se sumerge en el turbio mundo del lavado de activos a escala mundial y demuestra la facilidad con la que cleptócratas, delincuentes, evasores de sanciones y funcionarios gubernamentales corruptos eligen el mercado inmobiliario estadounidense como destino preferente para ocultar y lavar los ingresos procedentes de actividades ilícitas.
Para contar la historia del porqué el sector inmobiliario de los EE.UU. sigue siendo un destino favorito para la actividad ilícita, GFI construyó una base de datos de más de 100 casos de lavado de activos en el sector inmobiliario de los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, publicados entre 2015 y 2020. La base de datos y el análisis de la normativa que se presentan junto con este informe aportan pruebas concluyentes de que el actual enfoque normativo de los Estados Unidos, el cual aplica Órdenes de Concentración Geográfica (GTO) temporales y específicas para cada lugar, tiene deficiencias críticas que requerirán una reforma integral antes de que pueda abordar adecuadamente las amenazas al sistema financiero y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para contextualizar el análisis y las recomendaciones de este informe, GFI compara la evolución de la normativa en EE. UU. con las prácticas, los retos y las modificaciones constantes en el resto del G7. Analizar el problema en los EE. UU. a través de esta perspectiva permite conocer los méritos y deméritos de los posibles enfoques reguladores en otras economías con la misma situación y da peso a las recomendaciones finales de GFI. Al mismo tiempo, esta perspectiva enfatiza lo importante que siempre ha sido el lavado de activos en el sector inmobiliario como riesgo sistémico en todo el G7 y la necesidad, por tanto, de soluciones más cooperativas.
Las principales conclusiones de GFI sobre los Estados Unidos se presentan a continuación:
- Como mínimo, a partir de los casos denunciados en los últimos cinco años, se han blanqueado más de US$ 2.3 mil millones de dólares a través del sector inmobiliario de los Estados Unidos, e incluso millones más a través de otros activos alternativos como arte, joyas y yates;
- Los gatekeepers, incluidos los abogados, los agentes inmobiliarios, los asesores de inversión y los empleados de las instituciones financieras han facilitado en repetidas ocasiones el REML de personas de alto patrimonio neto, ya sea por ignorancia deliberada o complicidad directa, y, sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el único país del G7 que no exige a los profesionales del sector inmobiliario cumplir las leyes y reglamentos para la prevención de lavado de activos (PLA);
- El 60,71% de los casos en los Estados Unidos comprenden propiedades situadas en uno o más condados que no cuentan con una GTO, lo que demuestra las limitaciones de esta herramienta de regulación específica de la ubicación;
- Más del 50% de los casos denunciados en los EE.UU. se referían a personas expuestas políticamente, lo que resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que la FinCEN no cuenta con una guía para identificar PEP;
- Aunque los bienes raíces comerciales figuraban en más del 30% de los casos y, por lo general, tenían valores significativamente más altos que los bienes inmuebles residenciales implicados, los Estados Unidos aún no ha impuesto ninguna obligación de informar los riesgos del sector
- El uso de empresas fantasma anónimas y de sociedades complejas sigue siendo la principal modalidad de lavado de activos. En el 82% de los casos de los Estados Unidos se utilizó una persona jurídica para enmascarar al propietario, lo que enfatiza la importancia de implantar un sólido registro de beneficiarios finales en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa.
GFI propone las siguientes recomendaciones principales para el sector inmobiliario estadounidense de conformidad con las mejores prácticas internacionales y los cambios de la normativa observados en otros países del G7:
- Mediante una nueva normativa, se debería exigir que las GTO sean permanentes, ampliadas a nivel nacional y sin ningún límite de dólares;
- Debe exigirse a los agentes inmobiliarios que identifiquen al beneficiario efectivo de una compra de un inmueble residencial, cuando los agentes de títulos no participen en la transacción;
- FinCEN debería emitir pautas, indicadores de alerta y establecer requisitos de notificación para las modalidades de lavado de activos en el sector inmobiliario relacionadas con las transacciones inmobiliarias comerciales;
- Los profesionales del derecho deberían ser los principales sujetos obligados a identificar los riesgos del lavado de activos en las transacciones inmobiliarias comerciales;
- Estados Unidos debe establecer procesos estrictos de PLA/CFT para el sector inmobiliario, que contemplen un enfoque basado en el riesgo que identifique y verifique el origen de los fondos y el beneficiario del cliente;
- FinCEN debería dar asesoría sobre la definición de las PEP y emitir un aviso que enfatice el riesgo que representan las PEP extranjeras en los delitos de lavado de activos en el sector inmobiliario. Se debe exigir a los sujetos obligados que informen cuando una PEP extranjera adquiera bienes;
- Debe requerirse a los asesores de inversiones que lleven a cabo la debida diligencia del cliente, incluida la debida diligencia reforzada del cliente cuando sea necesario, con respecto a todos los posibles inversionistas en fondos privados (inmobiliarios);
- Los Estados Unidos debería adoptar una reforma integral para los gatekeepers del sector inmobiliario, y eliminar la exención concedida a los profesionales inmobiliarios en virtud de la LSB e incluir a los agentes inmobiliarios y a los profesionales del derecho que intervienen en las transacciones inmobiliarias en la definición de «instituciones financieras»;
- El programa de inversionistas de la visa EB-5 necesita una reforma crítica de los métodos utilizados para identificar el origen de los fondos y verificar la identidad de los inversionistas, incluidos los procesos para registrar a los inversionistas que son PEP.