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Ganancias por extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica superan US$1.1 mil millones al año

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Washington D.C., 8 de septiembre de 2022 (@IllicitFlows) Las ganancias del delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador llegan a alrededor de los US$1.1 mil millones anuales, de acuerdo con el más reciente estudio realizado por Global Financial Integrity (GFI). De acuerdo con el informe, que analizó la extorsión a individuos y empresas, al menos 330.000 personas son víctimas de extorsión cada año en todos los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Se estima que el valor de la extorsión de personas en Guatemala varia entre US$40 millones y US$57 millones; en El Salvador, oscila entre US$190 millones y US$245 millones, y en Honduras se sitúa entre US$30 millones y US$50 millones. Cabe señalar que la información referente a los pagos por extorsión realizados por empresas y comercios no es comparable debido a grandes diferencias de datos disponibles en cada uno de los países.

El informe titulado: “Siguiendo el dinero de la extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica” calcula el valor de las ganancias de esta actividad y busca entender mejor para qué son usadas estas ganancias y su relación con actividades ilícitas como el lavado de dinero. Así mismo, analiza si las estrategias anti-lavado y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) están siendo efectivas en la lucha contra la extorsión en los países analizados. 

Según Tom Cardamone, presidente y CEO de GFI, “Los costos sociales y humanos asociados a la extorsión exceden el valor de las ganancias por este delito”. También afirma que “la extorsión causa grandes afectaciones a las personas, comunidades y negocios, al dañar el tejido social, limitar el crecimiento económico, fomentar el desplazamiento interno y reducir la fe de las personas en las instituciones”. 

Para obtener la información, se realizaron entrevistas a expertos y expertas del sector privado, incluyendo personas asociadas a instituciones financieras, gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil. También se realizó un análisis de la información pública disponible alrededor de las operaciones para el cumplimiento de la ley y casos judiciales, con el fin de identificar tendencias y tipologías, y se revisaron diferentes fuentes de información, incluyendo encuestas a víctimas, para entender las más recientes tendencias en materia de extorsión y estimar el valor de las ganancias de esta actividad ilícita.

 Principales hallazgos del informe:

  • La extorsión deriva en otros delitos financieros como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción.
  • Como un consenso general de las personas entrevistadas para el análisis, los recursos provenientes de la extorsión terminan en las instituciones financieras.
  • Uno de los métodos más comunes para lavar las ganancias de la extorsión es mezclar el dinero sucio con el dinero proveniente de negocios locales con alto flujo de transacciones en efectivo, así como abrir cuentas bancarias a nombre de terceros para intentar encubrir el origen ilícito de los ingresos y su conexión con redes criminales.
  • Los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras que reportan actividades relacionadas con extorsión a las autoridades gubernamentales, sufren intimidaciones y amenazas.

El estudio también aporta recomendaciones a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, para combatir la problemática, como los siguientes:

  • Apalancar la política antilavado como una herramienta clave para combatir la extorsión.
  • Asegurar que las instituciones financieras tengan la información suficiente para identificar “alertas rojas” de posibles casos de extorsión.
  • Implementar registros de beneficiarios finales para abordar la problemática de las empresas fachada en casos de extorsión y lavado de dinero.
  • Mejorar la calidad de la información de las estadísticas oficiales de extorsión para medir la efectividad de las políticas y acciones programáticas.
  • Trabajar de la mano con empresas de telecomunicaciones en la región para encontrar soluciones a los esquemas de extorsión telefónica.
  • Promover la inclusión digital financiera, especialmente en el sector transporte, para transitar a nuevos métodos de pago que no sean solo en efectivo, que es muy vulnerable a casos de extorsión.
  • Incorporar medidas anticorrupción en todos los programas antiextorsión.

GFI reconoce todos los esfuerzos actuales de la región para combatir la extorsión y espera que este informe ayude a promover mayores discusiones alrededor de la prevención de estos delitos. También espera que se articulen efectivamente estrategias de trabajo y colaboración con gobiernos, sociedad civil y sector privado para abordar estos temas y desafíos de manera constructiva.

Para leer el informe completo haga click acá (disponible sólo en inglés).

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SOBRE GFI: Global Financial Integrity (GFI) es un centro de investigación con sede en Washington D.C. en EE.UU, que realiza análisis rigurosos sobre los flujos financieros ilícitos (FFIs), asesora a gobiernos respecto a soluciones políticas eficaces y promueve medidas pragmáticas para fomentar la transparencia en el sistema financiero internacional como medida de desarrollo y seguridad global.

 

CONTACTO:

Katherin Alfonso

Coordinadora de Incidencia y Comunicaciones

kalfonso@gfintegrity.org 

@IllicitFlows