El Caso Odebrecht: El rol del movimiento social y del periodismo
June 25, 2019
Por Diana Pérez Córdova
No hay nada más inspirador que observar cómo un país se une para lograr un objetivo común. En diversas ocasiones miles de personas se han reunido para ejercer su derecho a ser escuchados, evidenciando que el poder conferido a los políticos no es algo que se pueda dar por sentado o ser usado abusivamente.
Un buen ejemplo de esto son las inspiradoras marchas que han inundado las calles de varios países Latinoamericanos en respuesta a uno de los más escandalosos casos de corrupción de la época moderna: el caso Odebrecht. En varias ciudades de Perú, Colombia y la República Dominicana, la gente tomó las calles para demandar que los políticos acusados de corrupción asuman sus responsabilidades. Un componente clave para movilizar estas protestas ha sido el trabajo de los periodistas que han descubierto las presuntas fechorías de las instituciones e individuos corruptos.
El Caso Odebrecht
Odebrecht es una de las más importantes compañías de construcción en Latinoamérica, con operaciones en 13 países de la región, así como en Europa, África y el Medioriente. En Latinoamérica, la compañía había obtenido contratos para hacer obras públicas con los gobiernos de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Sin embargo, en el año 2014, una investigación brasileña denominada Lava Jato descubrió una red de sobornos entre políticos y compañías privadas que incluyeron a Odebrecht.
A consecuencia de dicha investigación, el Departamento de Justicia de los Estado Unidos (DOJ) lanzó su propia investigación en el año 2016 descubriendo un sistema de sobornos de Odebrecht pagados a diferentes gobiernos de Latinoamérica para garantizar los contratos de construcción de obras públicas. La DOJ considera que este caso es el “caso más grande de sobornos de la historia”, no solo porque Odebrecht pagó aproximadamente US$788 millones en sobornos, sinó también por la compleja red a través de la cual fueron hechos los pagos. Los montos de los sobornos que fueron pagados a los diferentes países son los siguientes:
Fuente: Odebrecht Information Report (DOJ)
(Una investigación realizada el 25 de junio de 2019 por el International Consortium of Investigative Journalists y el Miami Herald reveló que “la operación de efectivo por contratos de Odebrecht fue incluso más grande de lo que la compañía ha reconocido e involucró a personalidades destacadas y proyectos de obras públicas masivas que no se mencionaron en los casos penales u otras consultas oficiales hasta la fecha”.)
Las autoridades brasileñas han demostrado una gran disposición a compartir documentos, declaraciones e información general con todos los países afectados. En ese sentido, Brasil ha publicado datos relacionados con la cantidad de solicitudes de información que los países le han solicitado. Lo cual sirve como un indicador del progreso de la investigación en cada país y, en general, del interés puesto en dicha investigación:
Visualized by: GFI / Source: JOTA and Transparency International
A pesar de la gran cantidad de información recogida por las autoridades Brasileñas y Americanas, no todos los países han tenido el mismo nivel de progreso en sus respectivas investigaciones. Perú es el que ha hecho el mayor número de solicitudes de información (68), así como el mayor progreso en sus investigaciones internas y en el enjuiciamiento del caso. En Colombia el monto de los sobornos repartidos fue menor que los del Perú ($11 millones vs. $29 millones), pero proporcionalmente, las solicitudes al gobierno Brasileño (8) han sido limitadas, igualmente limitada es la extensión de sus investigaciones. República Dominicana, a pesar de ser uno de los más grandes receptores de sobornos ($92 millones), ha enviado el menor número de requerimientos de cooperación (3).
En estos tres casos, la movilización social ha sido la principal razón que ha determinado que tan extensas o limitadas han sido las acciones de judicialización. Además, el trabajo efectuado por los periodistas en cada país demuestra la diferencia que hay en la capacidad que tienen las movilizaciones anti-corrupción para presionar a las autoridades para impartir justicia.
Movilización Social y Periodismo
Perú
Cuando el caso Odebrecht alcanzó al Perú, los partidos políticos y los políticos fueron rápidos en condenar el caso y en negar con apuro cualquier clase de relación con la compañía. El gobierno Peruano y sus instituciones prometieron investigar y encontrar a aquellos involucrados en la ilícita actividad. Sin embargo, después de la declaración de actores claves dentro de Odebrecht, solo agentes menores fueron acusados; por ejemplo, aquellos que estuvieron a cargo del proceso de adjudicación o políticos en regiones específicas del Perú. Mientras tanto, ningún representante mayor del gobierno o algún político poderoso llego a estar cerca de ser investigado.
Esto cambió en Julio del 2018, cuando un periódico independiente (IDL Reporteros) publicó grabaciones que evidenciaban la colusión existente entre los principales partidos políticos y altos funcionarios del poder judicial para evitar que personas de alto nivel sean investigadas. Estas grabaciones también expusieron un sistema de sobornos que el poder judicial Peruano había vendido al mejor postor o a la persona con las mejores conexiones. Cuanta más información fue descubierta por los periodistas, la movilización anti-corrupción se incremento en número y en poder. Como consecuencia, el país aprobó una reforma del poder judicial, iniciando la investigación dentro de los partidos políticos más influyentes y sus representantes en el Perú. Asimismo, las cabezas de los cinco partidos políticos más notorios están actualmente en la cárcel o han huido (el ex-presidente Alan García se suicidó momentos antes de ser arrestado en Abril del 2019).
Esta serie de eventos demuestran que la gente del Perú dejó de resignarse a la corrupción de los políticos. Ellos se han convertido en poderosos críticos de las acciones políticas del gobierno con relación a cómo enfrentar la corrupción. Esta vigilancia social ha sido crucial para asegurar la independencia del Sistema Judicial en la investigación, así como en el debilitamiento de la red de corrupción en las instituciones Peruanas.
Colombia
Así como en el Perú, la investigación de la DOJ en 2016 halló que Odebrecht había pagado $11 millones en sobornos a los políticos Colombianos, lo cual fue unánimemente condenado por el público y por los partidos políticos. Colombia requirió más información a los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, y procedió a investigar algunos políticos de menor jerarquía prometiendo una investigación más extensa.
Sin embargo, las investigaciones no han ido más allá, creando en Colombia un sentimiento de que la gran corrupción en el país está frenando la investigación. Esta noción se reforzó aún más en Diciembre del 2018 con la muerte de dos testigos clave del caso Odebrecht bajo circunstancias sospechosas. La realidad es que las investigaciones han sido muy limitadas, es así que solo han abarcado algunos contratos del estado con Odebrecht, pocas investigaciones se han llevado a cabo para examinar el financiamiento de las campañas presidenciales, que fue la forma de soborno más usada por Odebrecht.
Desde que el caso fue revelado, los colombianos han protestado mayor responsabilidad siendo así que la limitada investigación realizada hasta el momento es en respuesta a la presión derivada de las movilizaciones sociales que se han denominado “Marcha de las Linternas”. Sin embargo, como se mencionó previamente, el nivel de impacto del movimiento social depende mucho de la materialización de la información y de la evidencia para presionar al gobierno para que identifique a los individuos responsables. Los periodistas están tratando de develar las intricadas redes detrás de este caso y las conexiones entre el poder político y el Sistema judicial, pero no se ha avanzado mucho en este tema.
El riesgo para Colombia es que la gente se canse y opte por la indiferencia. Si eso sucede, la corrupción habrá ganado nuevamente.
República Dominicana
En la República Dominicana ha habido pocas consecuencias como resultado del caso Odebrecht, a tal punto que en un momento fue el único país de la región sin ningún arresto relacionado con el caso. Después, 14 personas fueron arrestadas, pero ocho de esas imputaciones han sido recientemente suspendidas. La respuesta a algunos de las solicitudes de la fiscalía de auditar contratos pasados con Odebrecht se ha dilatado y finalmente no se ha obtenido información concluyente. Muchos periodistas reportan que el trabajo de la fiscalía es equivalente a una fachada destinada a satisfacer la opinión pública, dejando así sin descubrir gran parte de la red de corrupción.
Todo indica que la investigación ha quedado estancada y la atención de la prensa y de la sociedad se ha enfocado en otros asuntos. Nuevamente, como en el caso de Colombia, es difícil y peligroso sacar a la luz las corruptas conexiones entre los políticos y el sistema judicial. Para la República Dominicana, la probabilidad de descubrir y verdaderamente entender esas conexiones entre políticos y poder judicial es baja y eso mismo es el método clave para facilitar la corrupción y es la razón por la que Odebrecht fue capaz de operar atrozmente por tantos años.
En respuesta a esta situación, se creó una movilización social llamada la “Marcha Verde” para presionar la investigación, pero parece que el tiempo está acabando con el interés de la gente por participar, hacienda posible que aquellos involucrados logren impunidad.
Conclusión
La única esperanza de prevenir la futura ocurrencia de casos como el de Odebrecht es que la gente no le dé la espalda a lo que está ocurriendo. A pesar de que el Caso Odebrecht ha perpetrado un daño masivo a la región, podría también ser una oportunidad para cada país de investigar la corrupción en sus sistemas políticos y judiciales. Hay una abrumadora cantidad de evidencia para ayudar a la investigación, pero solo se efectuará si hay la voluntad política de hacer justicia. Para desencadenar esa voluntad política, los movimientos sociales y el periodismo necesitan trabajar incesantemente y en conjunto para descubrir la corrupción donde pueda estar acechando.
Diana Pérez Córdova es Candidata a Master en The Fletcher School of Law and Diplomacy, con concentración en Desarrollo Económico y Políticas Comparativas. Ella es practicante GFI 2019.