Vulnerabilidades en el proceso de creación y registro de empresas en América Latina y sus repercusiones en la lucha contra el lavado de activos
Este informe analiza la forma en que las empresas pueden ser utilizadas como medio para el lavado de dinero y otros delitos financieros, haciendo un énfasis especial en las cinco economías más grandes de Latinoamérica: México, Colombia, Argentina, Brasil, y Chile. Para ello, se toman en consideración los mecanismos y las salvaguardas legales existentes que intentan evitar que los actores delictivos constituyan sociedades que podrían ser utilizadas con fines ilícitos, mientras que, a su vez, se discute si estas salvaguardas son suficientes y adecuadas.
Este reporte forma parte de un amplio esfuerzo realizado por Global Financial Integrity (GFI), cuyo objetivo es analizar las vulnerabilidades de las estructuras empresariales. En el año 2019, GFI publicó un informe en el que se evidenció que en los Estados Unidos (EUA) es más fácil crear una empresa anónima que obtener una tarjeta de biblioteca. Adicionalmente, su jurisdicción es de importante análisis pues, según dicha investigación, en este país se establecen anualmente más sociedades mercantiles (anónimas y públicas) que en cualquier otro. Si bien es cierto, la creación de empresas es un gran negocio para los diferentes estados de EUA, el lado oscuro de estas organizaciones anónimas es evidente. Asimismo, empresas fantasmas con sede en EUA han sido utilizadas, no solo para evadir impuestos y financiar turbiamente campañas políticas, sino que también se han prestado para ocultar ganancias de negocios ilícitos que van desde el contrabando de cigarrillos hasta el tráfico de armas. A pesar de estos riesgos, al momento de inscribir una empresa, las legislaciones estatales solicitan poca información sobre su beneficiario final, su ubicación y quiénes son sus accionistas o directores. Por ello, la nueva legislación estadounidense que regula esta temática abordará aspectos sobre transparencia y beneficiarios reales, pero no todas las vulnerabilidades relacionadas con la creación de empresas serán cubiertas.
Ahora bien, los países latinoamericanos también enfrentan desafíos relacionados con empresas anónimas y flujos financieros ilícitos (FFI), aunque su naturaleza difiere un poco a lo descrito en el párrafo anterior. En el contexto estadounidense, para crear una persona jurídica se requiere de pocos pasos y poca información, mientras que en Latinoamérica los procesos y requisitos son más complejos. No obstante, la documentación que se suele solicitar no conduce necesariamente a una mayor transparencia y seguridad. En muchos casos, los países solicitan una gran cantidad de información a la persona que registra la empresa (quien a menudo es un abogado), pero requieren pocos datos sobre su verdadero beneficiario final, persona de mayor importancia desde la perspectiva anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Además, dado que rara vez se verifica la exactitud de la información, su utilidad es limitada con respecto a la prevención, detección e investigación de delitos financieros.
Por lo tanto, este informe analiza casos reales que se presentaron en los cinco países mencionados anteriormente con el propósito de distinguir los mecanismos que se utilizan para movilizar fondos ilícitos. El establecimiento de empresas anónimas es solo uno de los muchos métodos utilizados para almacenar, mover, lavar y reinvertir fondos ilícitos, sobre todo cuando se pretende evadir la ley y los controles regulatorios. Sin embargo, en contextos donde los entes encargados de hacer cumplir la ley tienen presencia, capacidad, recursos e incluso integridad limitados, las compañías anónimas no son necesarias, puesto que quienes deseen movilizar fondos de origen ilícito pueden sobornar funcionarios, cruzar fronteras porosas o cobrar favores políticos para realizar sus cometidos.
Así como el tráfico de drogas o la trata de personas cruzan fronteras e involucran múltiples jurisdicciones, también lo hacen los delitos financieros asociados con estas actividades. En el caso de Chile (ver la página 35), complejas estructuras corporativas se extendieron desde Texas y Miami hasta la ciudad capital de Santiago, todo esto con la ayuda de exportaciones ilícitas de oro que llegaron incluso a los Emiratos Árabes Unidos. El principal problema es que el proceso para registrar empresas brinda una apariencia de legitimidad y respetabilidad, logrando que después de cumplir con los requisitos de inscripción, una entidad dedicada a negocios ilícitos pueda interactuar con relativa facilidad en mercados locales, nacionales e internacionales.
En cuanto al alcance de este informe, cabe destacar que está limitado de varias formas. Para empezar, los requisitos de creación de sociedades se enfocan al nivel nacional, más que al nivel estatal (departamental/provincial) o municipal y cabe señalar que en dichos niveles existen importantes diferencias, sobre todo en lo que respecta a la corrupción y la cooptación. Además, en países con estructuras federales como México, Argentina y Brasil, muchos de los procedimientos para registrar una empresa ocurren estatalmente. Si bien es cierto, un análisis a nivel estatal va más allá del alcance de este reporte, esto representa un área interesante e importante para considerar en futuras investigaciones.
Asimismo, este informe está intencionalmente enfocado en los requisitos de creación de empresas, por lo que no considera otras obligaciones que pueden entrar en juego. En algunos casos, las nuevas compañías deben cumplir con exigencias adicionales para firmar contratos, arrendar oficinas, abrir cuentas bancarias o mover fondos. También, se les puede solicitar que presenten documentos extra de identificación e incluso que enfrenten algunos procesos de verificación para garantizar que los datos sean verídicos. En otros casos, se requiere que muestren información sobre la verdadera persona detrás de la empresa, el llamado beneficiario final. Aunque estos requisitos posteriores ayudan a reducir los riesgos financieros, es importante recordar que no todas las empresas los cumplen, especialmente en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Por todo ello es necesario que el proceso para registrar entidades comerciales sea por sí solo lo suficientemente transparente y sólido como para evitar la creación de compañías fantasma ilícitas o empresas pantalla.
En cuanto a su metodología, este reporte analizó las leyes y regulaciones de cada uno de los cinco países en cuestión. Para complementar esta revisión legal, el documento también se basa en datos de otras fuentes como publicaciones y sitios web gubernamentales, informes de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como investigaciones de grupos de la sociedad civil que se especializan en estos temas.
Tomando en cuenta todo lo anterior, es importante considerar políticas más sólidas y transparentes para el registro de empresas como parte de una estrategia de seguridad nacional e internacional. Para los países latinoamericanos de este análisis en particular, no se trata solamente de solicitar más información, sino de procurar que esta sea más focalizada y pertinente, sin dejar de lado una indagación profunda sobre su veracidad. Para los países que equilibran el deseo de promover el espíritu empresarial con la necesidad de garantizar la seguridad de sus negocios, este enfoque no debe imponer una carga innecesaria a las empresas legítimas, pero si debe dotar a los entes encargados de mantener el orden de las herramientas adecuadas para prevenir, detectar e investigar delitos financieros.